Desde la esquina
Diputados, confiados
POR RAYMUNDO LEÓN
Los diputados locales de Veracruz aprobaron una ley del IPE de forma responsable. Lo hicieron pensando en que el Instituto de Pensiones del Estado no se colapse y se dejen de pagar las pensiones y jubilaciones.
En ese sentido, afirma el diputado local Tonatiuh Pola Estrada y vocero del grupo parlamentario del PRI, los legisladores “estamos en la confianza que aprobamos un documento responsable e importante que, como lo dijimos desde un inicio, serán otras generaciones las que obtengan el resultado de eso. Veracruz le entro al tema de las pensiones al que no cualquiera quiere entrarle, la mayoría de los sistemas de pensiones del mundo están colapsados y no es fácil entrarle a ellas, Veracruz le entró”.
El vocero de los diputados locales del PRI refiere que los congresistas esperarán los tiempos legales para emitir algún comentario acerca del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto de la Ley del IPE y que además acatarán el resolutivo que dé a conocer la SCJN.
“Actuamos con responsabilidad y sobre todo pensando en el futuro de Veracruz, porque era una bomba de tiempo. Si no hacíamos algo, esto se pondría peor año con año, nosotros trabajamos pensando en el futuro de Veracruz y de los veracruzanos”, asegura Tonatiuh Pola.
Para el legislador, la demanda de acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto de la Ley del IPE es parte de la dinámica de que todo sea perfectible y que haya posibilidad de correcciones en todos los casos, “Eso pasa en todos los congresos no es algo privativo de Veracruz, creo que en todo estado que busca reformas, y hasta en el federal es parte de la dinámica y democracia en la que se vive y ocurre en todos los congresos”.
La demanda
El 20 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un recursos de inconstitucionalidad en contra de los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. La razón es que los considera incompatibles con el texto constitucional y tratados internacionales suscritos por México.
El boletín emitido por la misma comisión dice que el organismo nacional autónomo considera que los artículos 16 y 19 de esa legislación, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 21 de julio anterior, trasgreden el derecho a la igualdad y al principio de previsión social, pues establecen que las aportaciones que realicen los pensionados será del 12 por ciento, lo cual es inconstitucional e inconvencional, en vista de que, previo a la jubilación, ya se les descontó su aportación, traduciéndose en una falta de igualdad y un trato inequitativo.
Del texto del artículo 32, de la referida ley, se lee en la misma ley, se advierte que para realizar trámites ante el IPE, se deberá estar al corriente del pago de cuotas y aportaciones, de lo que se desprende que el servicio podrá ser suspendido en aquellos casos en los que no se encuentren cubiertas las cuotas y/o aportaciones.
“En este supuesto, tal ordenamiento resulta trasgresor de los derechos de previsión y seguridad social, pues la retención y entero de cuotas y aportaciones le corresponde al patrón. En este sentido, el trabajador o sus familiares no tienen por qué resentir dentro de sus esferas, este incumplimiento”, comenta la CNDH.
El artículo 59 establece que los trabajadores sin derecho a pensión, renunciarán a los intereses generados por las cuotas de aportación para este concepto; pero a su vez, los artículos 24 y 105 establecen que cuando no son pagadas las cuotas oportunamente, el instituto cobrará los intereses respectivos, generándose así una trasgresión al principio de equidad, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Instituto tiene la facultad de cobrar los intereses cuando no se enteren oportunamente las cuotas, pero el trabajador no podrá exigir aquellos generados por sus cuotas de aportación.
“Por ello –dice el boletín--, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará atenta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice los argumentos vertidos en la presente acción de inconstitucionalidad y en su oportunidad, declare la invalidez de dicho precepto.
Reducción de legisladores
Otro tema que hace ruido es la propuesta del PRI de reducir el Congreso de la Unión mediante una consulta popular.
Para el diputado local Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional en la LXIII Legislatura esa propuesta no es válida jurídicamente ya que el artículo 35 fracción octava de la Constitución lo prohíbe expresamente.
El diputado local perredista opina que “el PRI en su afán de tratar de recuperar la confianza que ha perdido y que está en duda con la reforma energética, lo que pretende es darle predominio a una representación uninominal que sobre representaría a un partido político en vez de darle equilibrio al legislativo, fortaleciendo al partido que está en la presidencia; fortaleciendo el presidencialismo”.
Velázquez Flores recuerda que en el PRD ha planteado la conveniencia de que haya una reducción del tamaño de la Cámara de Diputados mediante una representación proporcional pura; es decir, una reducción de 500 a 400 diputados federales sobre la base de que haya listas nacionales. Agrega que a nivel nacional el partido ha planteado la integración del Senado de la República no sobre la base de dos senadores por mayoría y uno de primera minoría y una lista nacional aparte, sino que todos sean sujetos de una elección en la cual cada estado constituya una circunscripción y que se asignen los senadores de la República sobre la base del tamaño de la votación que tengan.
“El número de diputados por la vía de representación proporcional está determinado en función del volumen de votos que cada partido tiene y por la circunscripción misma. En este sentido, la propuesta de una consulta popular para reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión hecha por el PRI no tiene sustento jurídico, es otro de los atropellos a los derechos de los ciudadanos que pretende hacer el partido oficial”, puntualiza el legislador.
e-mail: desdelaesquina@hotmail.com
Desde la esquina
Diputados, confiados
POR RAYMUNDO LEÓN
Los diputados locales de Veracruz aprobaron una ley del IPE de forma responsable. Lo hicieron pensando en que el Instituto de Pensiones del Estado no se colapse y se dejen de pagar las pensiones y jubilaciones.
En ese sentido, afirma el diputado local Tonatiuh Pola Estrada y vocero del grupo parlamentario del PRI, los legisladores “estamos en la confianza que aprobamos un documento responsable e importante que, como lo dijimos desde un inicio, serán otras generaciones las que obtengan el resultado de eso. Veracruz le entro al tema de las pensiones al que no cualquiera quiere entrarle, la mayoría de los sistemas de pensiones del mundo están colapsados y no es fácil entrarle a ellas, Veracruz le entró”.
El vocero de los diputados locales del PRI refiere que los congresistas esperarán los tiempos legales para emitir algún comentario acerca del fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto de la Ley del IPE y que además acatarán el resolutivo que dé a conocer la SCJN.
“Actuamos con responsabilidad y sobre todo pensando en el futuro de Veracruz, porque era una bomba de tiempo. Si no hacíamos algo, esto se pondría peor año con año, nosotros trabajamos pensando en el futuro de Veracruz y de los veracruzanos”, asegura Tonatiuh Pola.
Para el legislador, la demanda de acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto de la Ley del IPE es parte de la dinámica de que todo sea perfectible y que haya posibilidad de correcciones en todos los casos, “Eso pasa en todos los congresos no es algo privativo de Veracruz, creo que en todo estado que busca reformas, y hasta en el federal es parte de la dinámica y democracia en la que se vive y ocurre en todos los congresos”.
La demanda
El 20 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un recursos de inconstitucionalidad en contra de los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. La razón es que los considera incompatibles con el texto constitucional y tratados internacionales suscritos por México.
El boletín emitido por la misma comisión dice que el organismo nacional autónomo considera que los artículos 16 y 19 de esa legislación, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 21 de julio anterior, trasgreden el derecho a la igualdad y al principio de previsión social, pues establecen que las aportaciones que realicen los pensionados será del 12 por ciento, lo cual es inconstitucional e inconvencional, en vista de que, previo a la jubilación, ya se les descontó su aportación, traduciéndose en una falta de igualdad y un trato inequitativo.
Del texto del artículo 32, de la referida ley, se lee en la misma ley, se advierte que para realizar trámites ante el IPE, se deberá estar al corriente del pago de cuotas y aportaciones, de lo que se desprende que el servicio podrá ser suspendido en aquellos casos en los que no se encuentren cubiertas las cuotas y/o aportaciones.
“En este supuesto, tal ordenamiento resulta trasgresor de los derechos de previsión y seguridad social, pues la retención y entero de cuotas y aportaciones le corresponde al patrón. En este sentido, el trabajador o sus familiares no tienen por qué resentir dentro de sus esferas, este incumplimiento”, comenta la CNDH.
El artículo 59 establece que los trabajadores sin derecho a pensión, renunciarán a los intereses generados por las cuotas de aportación para este concepto; pero a su vez, los artículos 24 y 105 establecen que cuando no son pagadas las cuotas oportunamente, el instituto cobrará los intereses respectivos, generándose así una trasgresión al principio de equidad, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Instituto tiene la facultad de cobrar los intereses cuando no se enteren oportunamente las cuotas, pero el trabajador no podrá exigir aquellos generados por sus cuotas de aportación.
“Por ello –dice el boletín--, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará atenta a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice los argumentos vertidos en la presente acción de inconstitucionalidad y en su oportunidad, declare la invalidez de dicho precepto.
Reducción de legisladores
Otro tema que hace ruido es la propuesta del PRI de reducir el Congreso de la Unión mediante una consulta popular.
Para el diputado local Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional en la LXIII Legislatura esa propuesta no es válida jurídicamente ya que el artículo 35 fracción octava de la Constitución lo prohíbe expresamente.
El diputado local perredista opina que “el PRI en su afán de tratar de recuperar la confianza que ha perdido y que está en duda con la reforma energética, lo que pretende es darle predominio a una representación uninominal que sobre representaría a un partido político en vez de darle equilibrio al legislativo, fortaleciendo al partido que está en la presidencia; fortaleciendo el presidencialismo”.
Velázquez Flores recuerda que en el PRD ha planteado la conveniencia de que haya una reducción del tamaño de la Cámara de Diputados mediante una representación proporcional pura; es decir, una reducción de 500 a 400 diputados federales sobre la base de que haya listas nacionales. Agrega que a nivel nacional el partido ha planteado la integración del Senado de la República no sobre la base de dos senadores por mayoría y uno de primera minoría y una lista nacional aparte, sino que todos sean sujetos de una elección en la cual cada estado constituya una circunscripción y que se asignen los senadores de la República sobre la base del tamaño de la votación que tengan.
“El número de diputados por la vía de representación proporcional está determinado en función del volumen de votos que cada partido tiene y por la circunscripción misma. En este sentido, la propuesta de una consulta popular para reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión hecha por el PRI no tiene sustento jurídico, es otro de los atropellos a los derechos de los ciudadanos que pretende hacer el partido oficial”, puntualiza el legislador.
e-mail: desdelaesquina@hotmail.com